Es conocida la tendencia
que tenemos los economistas a intentar explicar el comportamiento humano según nuestros
paradigmas. Siguiendo esa línea Gary Becker (1930 -2014, Premio Nobel de
Economía en 1992) desarrolló su teoría económica del crimen –otro buen
libro sobre esta materia es el de A. Roemer de 2001 publicado en México, un
país donde algo saben del tema-. Según Becker un individuo elige cometer un
crimen cuando los beneficios asociados a esa comisión son superiores a los
costes que le genera. Existen así incentivos a criminalizar la sociedad en
aquellas en que las repercusiones personales del castigo son muy inferiores a
los beneficios del delito.
Durante los años
de la democracia en España esta ha sido la situación de los políticos y a
aquellos que y a los que amparan –empresarios o banqueros que si bien eran
condenados, el gobierno de turno, popular o socialista, indultaba-. Para
estos “servidores públicos” el beneficio de la corrupción ha sido inmenso,
mientras que el castigo nimio. Si a eso añadimos que eran ellos mismos
los que imponían leyes que les favorecían –ley de financiación/corrupción de
los partidos políticos-, que vivimos en un país donde no existe una conciencia
cívica suficiente como para considerar que el que no paga sus impuestos es un
ladrón –ya lo dice el refrán, “quien roba a un ladrón tiene cien años de perdón”
y el estado, es, por definición, un ladrón que eso sí debe proveerme de
educación o sanidad gratuita- y que durante los años previos a la crisis el
único dios era el dinero –se obtuviera como fuera- el resultado son los múltiples
casos de corrupción que salpican a los dos principales partidos políticos:
Matas, Fabra, Chaves, Griñan, Gürtel, los ERE, etc.
Lo realmente impresionante
es que esta situación ha perdurado durante más de 30 años. No ha sido hasta que
la crisis económica ha golpeado fuertemente a nuestro país que los movimientos
sociales no han puesto de manifiesto el hartazgo de una mayoría de la sociedad
española ante la impunidad con la que se desenvolvían los poderes políticos y
económicos.
Las elecciones
del 24 de mayo son una lección de que las cosas han cambiado. De que ya no
es posible el crimen sin el castigo. El pueblo español ha elegido a
representantes que como Ada Colau o Manuela Carmena, son un
referente moral frente a personajes que encarnan la corrupción y la
soberbia. Y es seguro que nuestros nuevos representantes van a
disminuir los beneficios del crimen –la auditoría de los grandes
proyectos urbanísticos de Barcelona y la posible paralización de la “OperaciónChamartín” pueden ser dos buenas piedras de toque- y aumentar los costes, que
nadie espere pactos sin compromisos anticorrupción como sabe muy bien Susana
Díaz. Si ya consiguen poco a poco concienciar a los españoles que los
ayuntamientos, con sus ingresos y gastos, somos realmente todos,
habremos encontrado una buena senda para encarrilar nuestra economía. Al menos una
más equitativa.
© José L. Calvo, 2015
