La dación en pago. Cuestión de números

Hoy el Congreso debatía la iniciativa legislativa popular (ILP) que propone discutir la dación en pago como método de resolver las deudas hipotecarias de personas de buena fe a las que, por muy diversas razones pero fundamentalmente por haber perdido su medio de vida, les han desahuciado. La ILP ha recogido cerca de 1,5 millones de firmas, de las que me siento orgulloso de forma parte. A esta hora el Congreso ha aceptado su tramitación, con un cambio de orientación del voto del PP que pone sobre la mesa no su buena voluntad sino el reconocimiento de que es imposible seguir aislado completamente del sentir de la ciudadanía.
No voy a discutir la conveniencia de la medida para atajar un problema social –hoy se ha suicidado una pareja de jubilados desahuciada-, su justificación en la corresponsabilidad comprador/financiador, ni siquiera los argumentos que desde la banca se han dado de que la dación en pago pueda convertirse en un coladero –lo que presupone mala fe. Se cree el ladrón…- , simplemente quiero poner unos sencillos datos sobre la mesa.
Si como dicen los voceros populares “tan solo” se producen 2.500 desalojos anuales de personas que entrarían dentro de los criterios de la dación, el coste de esta medida es mínimo. Supongamos que el valor medio de la hipoteca de la familia que ejerce la opción de la dación es de 100.000€ y que el valor que va a recuperar el banco tras su venta es del 50%, entonces los 2.500 casos supondrían 125 millones de euros anuales. Coste que perfectamente podría asumir el estado, sobre todo si lo comparamos con los más de 60.000 millones que nos lleva costada la mala gestión de los consejeros –de todos los colores políticos e incluso de los sindicatos- de Bankia, la CAM, el Banco de Valencia…. Incluso puedo proponer un sistema rápido y sencillo para recaudar esa cantidad: que el ministro Montoro deje actuar libremente a los inspectores de Hacienda, que ya verán como descubren muchos Bárcenas y Urdangarines.
Después de meses de crisis, de semanas de corrupción, hoy es un día para celebrar. Enhorabuena a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

© José L. Calvo

El último bastión del socialismo real

Acabo de finalizar la lectura de la Espada de Damocles de Petros Márkaris, una recopilación de artículos publicados por el padre del comisario Jaritos sobre la situación de Grecia. En la gran mayoría de esos artículos tan solo es necesario sustituir donde dice Grecia por España para explicar la crisis económico-político-social que padecemos. Pero uno de ellos me ha causado un especial impacto, el que hace referencia a que Grecia es el último bastión del socialismo real. Pero ahí creo que se equivoca, ya que también a España puede aplicarse esa calificación.
Las cúpulas de los dos grandes partidos están actuando como auténticos Politburós de un partido comunista de la época del socialismo real. Veamos brevemente algunas de las similitudes:
* Actúan por encima de la ley. La ley son ellos, la definen, la cambian a su voluntad y, naturalmente, ellos no tienen por qué acatarla. Así, ellos no deben pagar impuestos, para eso tiene la caja B o la amnistía fiscal, sus amigos no deben ir a la cárcel –tienen el indulto-…
* Emplean la Administración para colocar a los adeptos. Como demuestra que el número de asesores –no funcionarios- no se ha reducido, o casos como el del barón del PP Baltar, el PER...
* Utilizan el dinero público para financiar sus gastos privados. El dinero que todos pagamos es empleado para trajes, comuniones, viajes privados, confeti… Y el que debería ser utilizado para pagar despidos es desviado a cuentas de amigos.
* Se identifican ellos con el Estado. Su interpretación es que quienes les atacan por su ineptitud y corrupción tienen como objetivo no la crítica a su gestión, sino el ataque a la democracia –incluso alguna vocera del PP ha llegado a calificarlo de golpe de estado. ¡Lo que se esconde en algunas universidades!-. No sería extraño que dentro de poco volviéramos a oír lo del contubernio judeomasónico.
* Finalmente, y por no extenderme, no responden de su actuación ante nadie más que ante el partido. El sistema de listas cerradas y las estructuras internas de los partidos están favoreciendo la aplicación del Principio de Peter. Y si no, no tienen más que ver las dos últimas personas que han dirigido el país. Los ciudadanos, que somos los que les ponemos ahí y pagamos su sueldo no podemos pedir explicaciones –incluso nos exigen identificarnos si nos manifestamos-.
El problema más grave, como señala también Márkaris, es que, además, les hemos encargado a ellos la salida de la crisis. Y, nuevamente, han actuado como el PC cubano: los sacrificios para la población, los beneficios –ensobrados- para la Nomenclatura.
Es hora de salir a la calle a exigir la revolución democrática y la eliminación del bipartidismo. Los muros de Génova y Ferraz deben caer.
© José L. Calvo

Corrupción, estadística y economía del comportamiento

Que España está sufriendo una crisis de corrupción es una obviedad. Con cerca de 600 políticos inmersos en procesos judiciales, con la gran mayoría de los partidos en juicios por financiación ilegal –PP, PSOE, CIU como mínimo, más la nunca explicada participación de IU, UGT y CC.OO. en el consejo de administración de Cajamadrid-, la conclusión es casi inmediata: la política española está corrupta. Y sin embargo, es posible que si lo analizamos más detalladamente, aplicando la estadística y la Economía del Comportamiento, el resultado no sea tan claro. Veamos cómo.
Supongamos que el 10 por ciento de las personas que se dedican a la política en nuestro país son corruptos –esto supone alrededor de 50.000, que en números absolutos son muchos-. Supongamos igualmente que la Justicia es muy capaz, y que de los políticos que son procesados el 85 por ciento lo son porque realmente son corruptos –es decir, solo son absueltos porque no han metido la mano en el dinero público o no se han dejado sobornar el 15 por ciento-. Pues bien, aplicando la teoría de la probabilidad condicionada, la probabilidad de que eligiendo un político al azar que está siendo procesado por corrupción sea realmente culpable es inferior al 40 por ciento.
Esto se explica por dos conceptos que se emplean en Economía del Comportamiento: el olvidarse de la base (base rate neglect), es decir, de no tener en cuenta que el 90 por ciento de los políticos son legales; y el denominado sesgo de confirmación, es decir, de que cada vez que surge un caso de corrupción, como damos por hecho que nuestra clase política tiene un problema de considerar que el dinero público es para que ellos se lo lleven, confirma lo que pensamos.
Lo aquí expuesto es estadísticamente impecable. No obstante, si cogemos una muestra de esa población de políticos españoles, digamos por ejemplo los dirigentes de uno de los principales partidos sobradamente conocido, en el que, por ser generosos, tan solo el 60 por ciento son sobrecogedores, entonces la probabilidad de que uno de ellos elegido al azar que está siendo procesado sea culpable es del 90 por ciento. Solo por aclarar.
© José L. Calvo

¿Pero dónde está Robin Hood?: la tasa a las transacciones financieras

Once países de la UE, encabezados por Alemania y Francia y entre los que se encuentra el nuestro, han decidido introducir una tasa a las actividades financieras, la denominada tasa Robin Hood también conocida como tasa Tobin. La justificación es limitar y gravar los movimientos especulativos de capitales.
Lo primero que hay que aclarar es que Tobin nunca propuso una tasa sobre el sistema financiero, sino que la tasa que este Premio Nobel de Economía de 1981 propuso era sobre los movimientos especulativos de divisas. No obstante, se adoptó esta denominación al tener un objetivo similar; por otro lado, no es preciso recordar quién fue Robin Hood y su justicia de robar a los ricos para dárselo a los pobres, lo que, en principio, haría esta tasa –quitárselo a los banqueros/inversores/ricos para dárselo a los contribuyentes-. Pero, ¿realmente actúa así la tasa Tobin? ¿Cuáles son sus efectos más previsibles?
Antes de nada aclaremos una cuestión clave: el sistema financiero tiene dos caras: una transparente, ligada a sus labores de intermediación, y otra opaca, ligada a productos financieros complejos y actividades fuera del balance (OTC). Mientras que las primeras son fáciles de controlar por las autoridades, especialmente a través de la Bolsa de Valores, las segundas son prácticamente imposibles de fiscalizar, ya que la gran mayoría de ellas se efectúan fuera de la legislación de los países. Y mientras que las primeras se dirigen fundamentalmente a financiar la actividad productiva, las segundas son, prácticamente en su totalidad, especulativas.
Así que quede claro: las actividades especulativas son opacas y difíciles de investigar y las inversoras son transparentes y fáciles de intervenir. ¿Qué hacer en esta situación? Pues lo que ha hecho el gobierno francés: como había que introducir un impuesto porque Hollande lo llevaba en su programa y queda progresista –cada día se parece más a Zapatero- gravar la compra/venta de acciones de las grandes compañías francesas y olvidarse del lado opaco del sistema financiero. Es decir, gravar la actividad inversora y no actuar contra los movimientos especulativos de capitales. Un pan con unas hostias que decimos en España.
Cuatro efectos se derivan de la introducción de este impuesto:
1. Deslocalización. Obviamente, los capitales se trasladarán desde los países en los que están sujetos a imposición a otros donde no lo están. La City y Holanda se están frotando las manos
2. En términos de eficiencia, el impuesto introduce distorsiones, y traslada recursos desde la inversión productiva –que sufre la imposición- a la especulativa –libre de ella-. Un efecto inverso al que se pretendía.
3. Si, como ocurre en el caso francés, el impuesto se introduce a los operadores, estos lo trasladarán al vendedor/comprador, por lo que al final, quienes lo pagarán son los que actúan en estos mercados: fondos de inversión y pequeños ahorradores que ahora, además y tras el final de la guerra de los depósitos, pensaban que la Bolsa de Valores era uno de los posibles mercados donde invertir.
4. Finalmente, si como parece los pequeños ahorradores estarían exentos y dado el efecto negativo que va a producir sobre el volumen de transacciones –en Francia ha caído un 15%-, su capacidad recaudatoria será mínima.

Al final,  la tasa Robin Hood no es más que una campaña de marketing de los políticos de la UE que quieren hacer ver que todos pagamos para salir de la crisis, incluidos los bancos que la provocaron. Pero la realidad es muy distinta: los bancos y los grandes inversores no pagarán nunca y su carga, simbólica, mínima, recaerá sobre los de siempre, la clase media. Para este viaje no necesitábamos esas alforjas.
© José L. Calvo

Identity Economics y el federalismo en España

El comienzo del siglo XXI ha supuesto la constatación de que la Teoría Económica ha encontrado nuevos caminos que la alejan de los planteamientos ortodoxos del homo economicus. Primero fue el premio Nobel de 2001 a George Akerlof por sus trabajos sobre Identity Economics  y los efectos de los factores sociales en las decisiones de los individuos; al año siguiente Daniel Kahneman obtenía ese mismo premio por sus desarrollos sobre los efectos de los componentes psicológicos en las elecciones del consumidor, reflejado en el Behavioral Economics. La suma de los trabajos de ambos y de otros muchos que siguen su línea de estudio ha dado al traste con el consumidor racional y lo han convertido en emocio-racional.
Lo interesante de los desarrollos que presentan en su libro Akerlof y Kranton –Identity Economics- es que sirven para explicar muchas decisiones de los individuos, incluso las no económicas, utilizando elementos de la Teoría Económica. Para ello emplean un sistema en dos partes: primero establecen un modelo tradicional (Parte I); posteriormente le acoplan un modelo de identidad (Parte II). Veamos cómo funciona con un ejemplo para España: su modelo de articulación territorial.Parte I: Existe un estado (España) que funciona según unos criterios preestablecidos (el estado de las autonomías).
Parte II. Categorías sociales: hay dos clases de individuos: los españolistas (insiders en terminología de Akerlof y Kranton) que cumplen de forma estricta las reglas para pertenecer al estado; y los que no se consideran tan cómodos con esas reglas y que vamos a denominar federalistas (outsiders).
Normas e ideales: los españolistas, por definición, desean pertenecer a ese estado tal y como está configurado. Los federalistas pueden elegir entre varias opciones: integrarse y unirse a los españolistas; alternativamente, pueden adoptar una identidad opuesta y convertirse en independentistas.
Ganancias y Pérdidas en la Utilidad asociada a la Identidad: Pueden resumirse de la siguiente forma:
* Para los españolistas cualquier cambio de la situación actual les supone una pérdida de utilidad
* Cualquier federalista que trate de ser españolista sufre una pérdida de utilidad debido a que disminuye el respeto que siente hacia sí mismo, ya que su ideología le dice que no debería colaborar y no se siente identificado con la posición que está adoptando.
* Además, el modelo presenta externalidades, ya que todo federalista que se integra en el estado tal y como está concebido sufre una pérdida en su función de utilidad de identidad que es tanto mayor cuantos más federalistas no se integren (se separa de su grupo de referencia).
Lo interesante de este modelo a lo Akerlof y Kranton son las conclusiones que siguiendo a estos autores se pueden extraer: solo hay dos posibles soluciones: o bien se transforman las Normas e ideales de forma que se aceptan parte de los planteamientos de los federalistas para que estos se encuentren a gusto en el modelo de estado en el que se integran; o bien se produce la ruptura, y la única solución es la segregación (España por un lado y los federalistas convertidos en independentistas por otro). Dicho en román paladí: o bien adoptamos un modelo federal en el que quepan todas las “sensibilidades” y en el que la gran mayoría esté a gusto; o bien el problema independentista irá creciendo, y no solo en Cataluña. 
Parece que el PSOE ya lo ha entendido. Solo falta que el PP sea consciente del abismo –no solo económico- al que nos arroja con su cerrazón centralista.

© José L. Calvo



Gestión pública, gestión privada… o simplemente un negocio de los maridos

Una de las grandes controversias de la Economía es si la gestión pública es menos eficiente que la privada. De hecho, esta discusión se planteó entre los dos modelos económicos que dominaron el siglo pasado: los países socialistas e incluso algunos dirigidos por socialdemócratas optaron por la posesión y gestión pública de los medios de producción, basados en la idea de que la forma privada obviaba elementos adicionales a la eficiencia que debían ser tenidos en cuenta; el mundo occidental, capitalista y liberal, consideró que la gestión privada era más eficiente asentada en el pilar de los incentivos. Así, la maximización del beneficio o la minimización de los costes a los que obliga la competencia son el hilo conductor de una gestión eficaz de los recursos.
Y si bien parece que el modelo liberal-capitalista tiene un mayor soporte teórico, el problema surge cuando se intenta aplicar ese criterio a la provisión de servicios que deben guiarse no tan solo por la eficiencia económica sino por criterios adicionales. Me refiero, claramente, a servicios como la educación o la sanidad. Porque, aplicando meramente criterios económicos, ¿hasta cuándo se debe dar un tratamiento a los enfermos terminales?, ¿en cuánto se debe reducir las estancias en los hospitales para que resulten rentables?, ¿se debe decidir si se opera a un enfermo en función de su coste?, ¿debemos crear barracones de enfermos en lugar de habitaciones para ahorrar?...
¿Qué criterio se debe seguir en la gestión de la Sanidad pública? Es necesario un equilibrio entre la eficiencia y la equidad, entre prestar el servicio necesario y tener en cuenta su coste. Por ese motivo, es imprescindible una negociación entre los profesionales sanitarios, los que de verdad conocen las necesidades de los pacientes, y los gestores económicos de los recursos escasos que pueden y deben aplicarse. Por eso la cerril posición del Presidente de la Comunidad de Madrid no solo es injustificada sino incomprensible.
A no ser que no se esté discutiendo la gestión pública o privada sino que lo que pese de verdad sean intereses particulares. Sobre todo si en la dirección de las empresas a las que se les va a dar esa gestión de  los hospitales y centros de salud madrileños están algunos maridos de.
Siempre se dice que los economistas prevemos el pasado. Yo desde aquí me atrevo a hacer una previsión de futuro: dentro de unos años nos comunicarán que la gestión privada de la sanidad pública madrileña es inviable y que debe volver al sector público. Pero eso no tendrá lugar antes de que se haya producido un enorme déficit que todos deberemos asumir, y de que algunos hayan obtenido pingües beneficios. Y detrás de estos últimos encontraremos nombres que todos podremos reconocer. O al menos los de sus esposas.

© José L. Calvo

Sangre, sudor y lágrimas… para los demás

Uno de los principios que debe regir la política económica es el de equidad, que en caso de la equidad vertical se define como la “justicia en el tratamiento impositivo de los individuos que se encuentran en circunstancias diferentes y deben, por tanto, ser tratados de manera diferente” (http://es.mimi.hu/economia/equidad.html). Si, además, queremos un sistema impositivo progresivo, la suma de la equidad y la progresividad se podría traducir en un principio económico tan sencillo como que pague más aquél que más tiene.

Y sin embargo, el gobierno, que debió fumarse esa clase en la Facultad, está empeñado en hacer todo lo contrario: no solo no está haciendo una política equitativa, sino que está haciendo recaer los ajustes de la crisis en los que menos tienen. La no actualización de las pensiones no es más que el último ejemplo, pero todos tenemos en mente los anteriores: primero se redujeron los salarios públicos; luego se modificó la legislación laboral para que fuera más fácil el despido, se ha permitido a lo largo de toda la crisis que gente sin recursos fuera expulsada de sus viviendas en beneficio de los bancos… Y mientras, estos recibían dinero de los contribuyentes –es decir, de todos nosotros incluidos los desahuciados-, se creaba el banco malo para encubrir la mala gestión de unos políticos y gestores ineptos que no han respondido en ningún momento por ella, se mantenía la tributación de las SICAV –recordemos, la participación mínima en una SICAV es de 100.000€, así que allí no tiene el dinero ningún mindundi sino los ricos españoles de verdad- o se gastaba medio millón de euros en la página web de una institución que nadie sabe para qué sirve.

En definitiva, la política económica que está aplicando el gobierno es que pague la crisis quien tiene poco y quien tiene no solo que no la pague sino que se aproveche de ella. Una política de la derechona más rancia que deja un tufo, en el fondo y en las formas, a la que hacía el paisano del Ferrol del actual presidente del gobierno.

Lo impresionante es que ni siquiera tendrían que haber hecho uso de criterios de equidad o progresividad para haber acompasado la no actualización de las pensiones con otra medida que nos hiciese sentir que la crisis la estamos pagando todos –como un impuesto a las grandes fortunas,  la subida del tipo de las SICAV o una investigación sobre el coste de la página web del Senado-: con un gobierno que en un año ha perdido un 13,3% de la intención de voto, con un presidente que tiene la peor imagen de la democracia, un pequeño conocimiento de marketing político, la intención de recuperar algo de terreno ante la ciudadanía, les habría obligado a dar una de cal y otra de arena.

W. Churchill pidió a sus conciudadanos un esfuerzo titánico en la Segunda Guerra Mundial: sangre, sudor y lágrimas fue su máxima. Pero él personalmente explicó por qué lo pedía y su gobierno fue el primero en aplicarsela. Aquí del Sr. Rajoy solo vemos la “lucecita” de la Moncloa y del esfuerzo se libran los ricos y los políticos.

© José L. Calvo