En el anterior
post establecimos dos principios sobre los que se asienta el sistema de
pensiones español: contributivo y bien público, al no ser excluyente pero sí ser
rival. Y dejé en el aire dos preguntas a las que trataré de responder
en este: ¿tiene lógica que perciban una pensión pública personas cuyo
patrimonio es lo suficientemente elevado como para poder garantizarse una
subsistencia digna tras su jubilación? Y, en segundo lugar, ¿cómo debería ser
la relación entre el patrimonio individual y la pensión pública?
Vayamos con la
primera que tiene mucho que ver con ese carácter de bien público que definimos
y con el hecho de que la Economía consiste en administrar bienes escasos. Si es
un bien
rival y el que unos disfruten de una pensión supone que otros
-especialmente en el futuro- no puedan cobrarla, no parece lógico que en la
actualidad todos y cada uno de los españoles tengan derecho a una pensión a
cambio de que los futuros pensionistas deban ver reducida o desaparecida la
suya. O ¿a alguien le parecería sensato dejar que utilicen los pastos
comunes pastores con parcelas propias cuando, además, hay muchos que sólo
pueden hacer uso de la pradera de todos? Pero ¿a quién debería el estado privar
de su disfrute? La equidad nos indica que los primeros en perder la pensión deberían
ser aquellos que tienen recursos económicos propios suficientes para llevar una
jubilación digna.
Veámoslo con un
ejemplo. Supongamos que una persona llega a su jubilación con un patrimonio de 1.500.000€
y que su esperanza de vida es de 20 años. ¿Tiene sentido otorgarle una pensión
pública a esa persona que, con sus propios recursos, tiene 75.000€ anuales (más
de 6.000€ mensuales) para su mantenimiento? Por lo tanto, mi primera propuesta
es sencilla:
establecer un límite máximo de patrimonio a partir del cual se cesa en
el derecho a percibir una pensión pública. Dicho límite no debería superar los
1,5 millones de euros. -Se podría argumentar que esto es un impuesto
sobre la riqueza, y lo es. A grandes males grandes remedios, más aún cuando la
desigualdad
ha crecido tanto en nuestro país-. Esto afectaría a un porcentaje pequeño
de la población.
La segunda
cuestión es mucho más complicada, ya que se trata de ligar el patrimonio a la
pensión. En todas las propuestas de modificación del sistema de pensiones que
he conocido, en ninguna se relaciona la pensión con la capacidad adquisitiva/patrimonio
del pensionista. No hacerlo plantea dos problemas: primero, que estaría
bien si los recursos no fueran escasos, es decir, si hubiese ingresos para
todos, algo que como hemos visto no es cierto; y en segundo lugar, el
estado a través del sistema de pensiones financia las herencias. La
gente demanda una pensión digna para vivir, pero en ningún momento la liga con
sus recursos propios. Es una absoluta falta de solidaridad de las
generaciones mayores, las que perciben pensión, con las más jóvenes, las que se
la pagan pero no la recibirán de seguir el sistema así.
Mi propuesta,
expresada de forma sencilla porque supone un proceso de cálculo mucho más
elaborado de lo que se puede incluir en un post, es la siguiente: establecer
una relación negativa entre el patrimonio del jubilado/a y la pensión máxima
que cobra. Para ello hay que hacer varias cosas: capitalizar su
patrimonio al tiempo en que se jubila; hacer líquido ese patrimonio, probablemente
a través del estado y establecer unos mínimo y máximos de pensión pública.
Veámoslo
nuevamente con un ejemplo. Supongamos que cuando llego a la edad de jubilación
tengo un patrimonio de 500.000€ y una esperanza de vida de 20 años. Eso supone
que tengo la posibilidad de unos ingresos brutos mensuales de unos 2000€. El Estado,
a través de un sistema similar al de la hipoteca inversa, podría capitalizar
mi patrimonio y darme 1.500€/mes además de la pensión pública. La
suma de la pensión pública directa más la obtenida por el Estado a través de la
capitalización del patrimonio no podría superar un cierto límite, por
ejemplo los 3.000€/mensuales brutos. En mi caso, que he contribuido
para obtener la pensión máxima, supone un ahorro público de alrededor de
500€/mes, obteniendo yo una pensión que es 1.000€ superior a la máxima. A la
hora de mi muerte los herederos tienen dos opciones: o devolver al Estado el
dinero que ha gastado en mí, más los
intereses correspondientes; o no ejercer la opción de rescate y permitir que
todos mis bienes pasen a ser propiedad estatal.
Una opción
alternativa sería un
impuesto prácticamente confiscatorio a las
herencias. Y que conste que esta propuesta no es ni nueva ni mía, sino
de
John Stuart Mill
en sus
Principios de Economía Política,
el adalid de los liberales que nunca le han leído.
Situaciones
desesperadas requieren medidas audaces. Y si queremos un sistema realmente
social deberemos luchar por un reparto equitativo de la riqueza. Pero
me parece que ni siquiera el partido del joven del pisito, la black de papá y los tres puestos está
muy por la labor.
© José L. Calvo, 2016
