Gestión pública, gestión privada… o simplemente un negocio de los maridos

Una de las grandes controversias de la Economía es si la gestión pública es menos eficiente que la privada. De hecho, esta discusión se planteó entre los dos modelos económicos que dominaron el siglo pasado: los países socialistas e incluso algunos dirigidos por socialdemócratas optaron por la posesión y gestión pública de los medios de producción, basados en la idea de que la forma privada obviaba elementos adicionales a la eficiencia que debían ser tenidos en cuenta; el mundo occidental, capitalista y liberal, consideró que la gestión privada era más eficiente asentada en el pilar de los incentivos. Así, la maximización del beneficio o la minimización de los costes a los que obliga la competencia son el hilo conductor de una gestión eficaz de los recursos.
Y si bien parece que el modelo liberal-capitalista tiene un mayor soporte teórico, el problema surge cuando se intenta aplicar ese criterio a la provisión de servicios que deben guiarse no tan solo por la eficiencia económica sino por criterios adicionales. Me refiero, claramente, a servicios como la educación o la sanidad. Porque, aplicando meramente criterios económicos, ¿hasta cuándo se debe dar un tratamiento a los enfermos terminales?, ¿en cuánto se debe reducir las estancias en los hospitales para que resulten rentables?, ¿se debe decidir si se opera a un enfermo en función de su coste?, ¿debemos crear barracones de enfermos en lugar de habitaciones para ahorrar?...
¿Qué criterio se debe seguir en la gestión de la Sanidad pública? Es necesario un equilibrio entre la eficiencia y la equidad, entre prestar el servicio necesario y tener en cuenta su coste. Por ese motivo, es imprescindible una negociación entre los profesionales sanitarios, los que de verdad conocen las necesidades de los pacientes, y los gestores económicos de los recursos escasos que pueden y deben aplicarse. Por eso la cerril posición del Presidente de la Comunidad de Madrid no solo es injustificada sino incomprensible.
A no ser que no se esté discutiendo la gestión pública o privada sino que lo que pese de verdad sean intereses particulares. Sobre todo si en la dirección de las empresas a las que se les va a dar esa gestión de  los hospitales y centros de salud madrileños están algunos maridos de.
Siempre se dice que los economistas prevemos el pasado. Yo desde aquí me atrevo a hacer una previsión de futuro: dentro de unos años nos comunicarán que la gestión privada de la sanidad pública madrileña es inviable y que debe volver al sector público. Pero eso no tendrá lugar antes de que se haya producido un enorme déficit que todos deberemos asumir, y de que algunos hayan obtenido pingües beneficios. Y detrás de estos últimos encontraremos nombres que todos podremos reconocer. O al menos los de sus esposas.

© José L. Calvo

Sangre, sudor y lágrimas… para los demás

Uno de los principios que debe regir la política económica es el de equidad, que en caso de la equidad vertical se define como la “justicia en el tratamiento impositivo de los individuos que se encuentran en circunstancias diferentes y deben, por tanto, ser tratados de manera diferente” (http://es.mimi.hu/economia/equidad.html). Si, además, queremos un sistema impositivo progresivo, la suma de la equidad y la progresividad se podría traducir en un principio económico tan sencillo como que pague más aquél que más tiene.

Y sin embargo, el gobierno, que debió fumarse esa clase en la Facultad, está empeñado en hacer todo lo contrario: no solo no está haciendo una política equitativa, sino que está haciendo recaer los ajustes de la crisis en los que menos tienen. La no actualización de las pensiones no es más que el último ejemplo, pero todos tenemos en mente los anteriores: primero se redujeron los salarios públicos; luego se modificó la legislación laboral para que fuera más fácil el despido, se ha permitido a lo largo de toda la crisis que gente sin recursos fuera expulsada de sus viviendas en beneficio de los bancos… Y mientras, estos recibían dinero de los contribuyentes –es decir, de todos nosotros incluidos los desahuciados-, se creaba el banco malo para encubrir la mala gestión de unos políticos y gestores ineptos que no han respondido en ningún momento por ella, se mantenía la tributación de las SICAV –recordemos, la participación mínima en una SICAV es de 100.000€, así que allí no tiene el dinero ningún mindundi sino los ricos españoles de verdad- o se gastaba medio millón de euros en la página web de una institución que nadie sabe para qué sirve.

En definitiva, la política económica que está aplicando el gobierno es que pague la crisis quien tiene poco y quien tiene no solo que no la pague sino que se aproveche de ella. Una política de la derechona más rancia que deja un tufo, en el fondo y en las formas, a la que hacía el paisano del Ferrol del actual presidente del gobierno.

Lo impresionante es que ni siquiera tendrían que haber hecho uso de criterios de equidad o progresividad para haber acompasado la no actualización de las pensiones con otra medida que nos hiciese sentir que la crisis la estamos pagando todos –como un impuesto a las grandes fortunas,  la subida del tipo de las SICAV o una investigación sobre el coste de la página web del Senado-: con un gobierno que en un año ha perdido un 13,3% de la intención de voto, con un presidente que tiene la peor imagen de la democracia, un pequeño conocimiento de marketing político, la intención de recuperar algo de terreno ante la ciudadanía, les habría obligado a dar una de cal y otra de arena.

W. Churchill pidió a sus conciudadanos un esfuerzo titánico en la Segunda Guerra Mundial: sangre, sudor y lágrimas fue su máxima. Pero él personalmente explicó por qué lo pedía y su gobierno fue el primero en aplicarsela. Aquí del Sr. Rajoy solo vemos la “lucecita” de la Moncloa y del esfuerzo se libran los ricos y los políticos.

© José L. Calvo