IRPF, elecciones y normas sociales. Una lección de Behavioral Economics

Ha llegado la campaña de la renta. E igualmente se ha resuelto el misterio de los últimos cuatro meses: habrá nuevas elecciones generales el 26 de junio. Y en ambas situaciones se puede aplicar la Economía del Comportamiento para explicar cómo lo que tenía que seguir una senda según la Teoría Económica ortodoxa sigue otra completamente distinta e incluso opuesta. El artículo de M. Blahout y P. Wawrosz sobre Behavioral Economics and Cyber Crime me puso sobre la pista.

Estos dos autores checos explican los motivos que llevan a los individuos a la piratería informática –descarga de música, libros y/o juegos, algo muy común en el mundo y en lo que en España ocupamos una posición destacada, como señala el ABC-. Su supuesto de partida es que hay unas normas sociales que conviven con normas de mercado en todas las sociedades. Y que las primeras deben ser satisfechas para que las segundas puedan funcionar. Si se rompen las normas sociales entonces pueden producirse graves fallos de mercado.

El ejemplo de ruptura del contrato social entre el estado y los ciudadanos es muy ilustrativo, y puede aplicarse directamente a España. “Un productor puede llevar su negocio de acuerdo con la ley para obtener beneficios, crear empleo y pagar sus impuestos. El estado, por su parte, debe garantizar que las empresas puedan hacer negocios en un entorno seguro y aplicar los impuestos para llevar a cabo sus funciones. Este es un contrato no escrito, pero es la base interna del orden natural, de cómo deben funcionar las cosas. Por desgracia, el estado no lleva a cabo su parte del acuerdo… al final los ingresos por impuestos no son aplicados para las labores del estado, sino que son desviados a través de la corrupción por un grupo de individuos que basan su acción en la protección mutua y la violación de los principios generales que se aplican a los demás… los empresarios, que consideran que se está produciendo una injusticia tratan de eliminarla a través de la optimización de sus impuestos, lo que les lleva a la evasión fiscal”.

Si además esos individuos que desvían los recursos recaudados por el estado hacia sus propios bolsillos son los que deberían velar porque el dinero público se gastase en cumplir con sus funciones, es decir los políticos que rigen los destinos del país; si a eso añadimos que no es nuevo sino que forma parte de la más pura tradición de la gestión pública en la historia de España, entonces la norma social ya no solo no se cumple, sino que se invierte. La norma social pasa de considerar como correcto contribuir a los recursos del estado a través de los impuestos a defender la evasión como vía para evitar que nos roben. La sociedad se divide así en dos grupos: los ciudadanos, los robados, a los que se aplican las normas de mercado y deben contribuir con sus impuestos. Para nuestro grupo el evasor no es un delincuente sino un Robin Hood que lucha contra el injusto sistema impuesto por el sheriff de Nottinghan; y ellos, los políticos, banqueros, empresarios con cuentas en Panamá…, los defraudadores. E identificamos los impuestos con ellos porque se los quedan, nos los roban. Y por eso es bueno defraudar.

Como señalan estos dos autores, las campañas de marketing como la lanzada por la Agencia Tributaria o el agravamiento de las sanciones son solo paliativos que no sirven si no se cambia la norma social. Y el primer paso es hacer creíbles a nuestros políticos y erradicar la corrupción. Mientras eso no se produzca, mientras consideremos que una parte muy importante de nuestros impuestos van a parar a manos de ladrones – cuyas penas son ridículas y que además no devuelven lo robado- la norma social será evadir.

Y por ese mismo motivo es explicable que ningún partido haya negociado ni vaya a negociar con un PP dirigido por el Sr. Rajoy. Él es el máximo representante de un partido identificado con la corrupción. Es un obstáculo para el cambio de la norma social.

© José L. Calvo, 2016

Políticos españoles y el método anticientífico

Como profesor lo primero que le exijo a mis alumnos cuando me proponen un trabajo de investigación es que no pueden hacer ninguna afirmación si no está basada en hechos y sustentada por datos. Los discursos vanos, las soflamas no tienen cabida en la Economía ni en ninguna ciencia seria. Si se afirma algo hay que contrastarlo con la realidad, ponerle números y ver si es posible.

Esto, que parece lógico y es el método científico aplicado a la Economía como señalaba G. Becker, es permanentemente incumplido por nuestros políticos. Por eso me da pánico pensar en lo que puede suceder y en las propuestas que vamos a escuchar en estas escasas semanas que quedan para obtener un pacto de gobierno antes de que se celebren nuevas elecciones. Por un lado, por la necesidad de Pedro Sánchez de alcanzar un acuerdo ya que en caso contrario tiene todas las papeletas para dejar de ser Secretario general del PSOE; y en segundo lugar porque de Podemos es posible esperar cualquier “boutade populista”.

Y que conste que creo que los cargos de Podemos actúan de buena fe. Pero desconfió de su conocimiento de las instituciones y de cómo funciona un estado democrático donde la ley se impone a las órdenes –no somos bolivarianos- Dos ejemplos magníficos los tenemos en el artículo publicado ayer por El Confidencial y el choque que se está produciendo entre los deseos de Ahora Madrid y la realidad de su capacidad de actuación. No es que los funcionarios estén torpedeando la actuación del equipo de Carmena –alguno habrá, pero no es la tónica general ni mucho menos-, es que existe una realidad, un ordenamiento jurídico que hay que cumplir. Por otro lado la actuación del alcalde de Cádiz, Kichi, ante el desalojo de una familia  -la imagen de esa mujer diciéndole al alcalde “quita la crisis Kichi” es la mejor expresión de lo que prometió Podemos y no puede cumplir. De esa desconexión entre promesas y realidad cumplible-. Estoy seguro de su malestar ante la situación de esta pareja, de que a título personal habría hecho lo posible y lo imposible para ayudarles. Pero como alcalde está limitado por sus atribuciones. Incluso aunque hubiera querido resolver su problema el funcionario de turno le habría tenido que explicar que hay una lista de espera, que el ayuntamiento tiene una capacidad de actuación limitada y que si quiere saltarse ambos va a incumplir la ley.

Por eso mi recomendación a los negociadores del Gobierno del cambio es la siguiente: cojan un cuaderno y ábranlo por la mitad; en el lado izquierdo escriban en letras mayúsculas PROPUESTAS; en el lado derecho FINANCIACIÓN; anoten en la izquierda todas las magníficas ideas que se les ocurran para salvar al país y a sus ciudadanos y a la derecha cómo las van a pagar. Y ahora lo más importante: ni una sola propuesta sin el dinero que la va a financiar. Y no valen términos abstractos como “lucha contra la corrupción”, “impuestos a los ricos”, etc. dinero contante y sonante.

Un ejemplo. Si Podemos solicita una renta básica, una renta de ciudadanía de por ejemplo 400€ para los mayores de 16 años entonces habría que apuntar en PROPUESTAS 400*12*38.489,6 @ 185.000 millones de euros al año. Ahora habría que anotar en FINANCIACIÓN de dónde van a salir esos millones, por ejemplo 20.000 millones de eliminación de las Diputaciones… Sólo cuando hubiese en FINANCIACIÓN 185.000 millones sería aceptada la renta básica.

Una última cosa. Cualquier gobierno que salga de esas negociaciones tendrá que enfrentarse, al día siguiente de su constitución, a una demanda de la UE de reducción del déficit de, por lo menos, 25.000 millones de euros. Así que antes de empezar a hablar deberían anotar en FINANCIACIÓN esos 25.000 millones. Para que no haya sustos posteriores.

© José L. Calvo, 2016