Ha llegado la
campaña de la renta. E igualmente se ha resuelto el misterio de los últimos cuatro
meses: habrá nuevas elecciones generales el 26 de junio. Y en ambas situaciones
se puede aplicar la Economía del
Comportamiento para explicar cómo lo que tenía que seguir una senda según
la Teoría Económica ortodoxa sigue otra completamente distinta e incluso
opuesta. El artículo de M. Blahout y P. Wawrosz sobre Behavioral
Economics and Cyber Crime me puso sobre la pista.
Estos dos
autores checos explican los motivos que llevan a los individuos a la piratería
informática –descarga de música, libros y/o juegos, algo muy común en el mundo
y en lo que en España ocupamos una posición destacada, como
señala el ABC-. Su supuesto de partida es que hay unas normas sociales que
conviven con normas de mercado en todas las sociedades. Y que las primeras
deben ser satisfechas para que las segundas puedan funcionar. Si se
rompen las normas sociales entonces pueden producirse graves fallos de mercado.
El ejemplo de
ruptura del contrato social entre el estado y los ciudadanos es muy
ilustrativo, y puede aplicarse directamente a España. “Un productor puede
llevar su negocio de acuerdo con la ley para obtener beneficios, crear empleo y
pagar sus impuestos. El estado, por su parte, debe garantizar que las empresas
puedan hacer negocios en un entorno seguro y aplicar los impuestos para llevar
a cabo sus funciones. Este es un contrato no escrito, pero es la base interna
del orden natural, de cómo deben funcionar las cosas. Por desgracia, el estado
no lleva a cabo su parte del acuerdo… al final los ingresos por impuestos no
son aplicados para las labores del estado, sino que son desviados a través de
la corrupción por un grupo de individuos que basan su acción en la protección
mutua y la violación de los principios generales que se aplican a los demás…
los empresarios, que consideran que se está produciendo una injusticia tratan
de eliminarla a través de la optimización de sus impuestos, lo que les lleva a
la evasión fiscal”.
Si además esos
individuos que desvían los recursos recaudados por el estado hacia sus propios
bolsillos son los que deberían velar porque el dinero público se gastase en
cumplir con sus funciones, es decir los políticos que rigen los destinos del
país; si a eso añadimos que no es nuevo sino que forma parte de la más pura
tradición de la gestión pública en la historia de España, entonces la norma
social ya no solo no se cumple, sino que se invierte. La norma social pasa de considerar
como correcto contribuir a los recursos del estado a través de los impuestos a
defender la evasión como vía para evitar que nos roben. La sociedad se
divide así en dos grupos: los ciudadanos,
los robados, a los que se aplican las normas de mercado y deben contribuir
con sus impuestos. Para nuestro grupo el evasor no es un delincuente sino un Robin Hood que lucha contra el injusto sistema
impuesto por el sheriff de Nottinghan; y ellos, los políticos, banqueros, empresarios con cuentas en Panamá…,
los defraudadores. E identificamos los impuestos con ellos porque se los quedan, nos los roban. Y por eso es bueno
defraudar.
Como señalan
estos dos autores, las campañas de marketing como la lanzada por la Agencia
Tributaria o el agravamiento de las sanciones son solo paliativos que no sirven
si no se cambia la norma social. Y el primer paso es hacer creíbles a
nuestros políticos y erradicar la corrupción. Mientras eso no se
produzca, mientras consideremos que una parte muy importante de nuestros
impuestos van a parar a manos de ladrones – cuyas penas son ridículas y que
además no devuelven lo robado- la norma social será evadir.
Y por ese mismo
motivo es explicable que ningún partido haya negociado ni vaya a negociar con un
PP dirigido por el Sr. Rajoy. Él es el máximo representante de un partido
identificado con la corrupción. Es un obstáculo para el cambio de la norma
social.
© José L. Calvo, 2016
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