La vuelta de vacaciones nos va a traer en septiembre el regalo de la intervención por la Unión Europea: la situación es insostenible y España no puede financiarse en los mercados financieros internacionales, por lo que la única opción que nos queda es acudir a los recursos europeos. No obstante, todavía asistiremos a una “danza” entre el BCE, el FMI y la UE exigiéndole al gobierno que pida el rescate, y la negación de éste hasta que no lo quede más remedio. ¿Por qué la exigencia y la negativa? Veámoslo detenidamente.
Ni el BCE ni el FMI ni la UE se fían del gobierno español, como tampoco se fiaron en su momento del gobierno Zapatero. Ojo, se fían de España pero no del gobierno. Son ya demasiadas las veces en que los sucesivos ejecutivos españoles han prometido reformas que luego no se han atrevido a poner en marcha. Por ello la posición de la UE es clara: os damos el dinero pero nosotros dirigimos la política económica y llevamos a cabo las reformas y liberalizaciones necesarias. Porque si analizamos detalladamente el último informe del BCE –y no se hace como El País cargando solo sobre la reforma laboral- se señalan dos exigencias fundamentales para “poner el dinero”: la necesidad de la reforma de las administraciones públicas y la introducción de competencia en sectores donde su falta provoca márgenes de beneficio injustificables.
Nueva matización: no sobran funcionarios y empleados públicos, lo que sobran son cargos públicos, asesores, correligionarios políticos, familiares y amigos. En definitiva, sobra clientelismo, ya que tanto el PP como el PSOE han convertido a los ayuntamientos, diputaciones, comunidades o el gobierno central en oficinas de colocación de su gente. Y eso es lo que la UE quiere reformar y a lo que, obviamente, se oponen los dos grandes partidos.
El segundo punto que ha destacado el informe del BCE es la necesidad de mejorar la competitividad a través de la introducción de competencia en sectores como los servicios o el energético. Este último es un caso de manual, ya que un duopolio –Unión Fenosa y Endesa- se distribuyen el mercado, imponiendo sus precios y sus políticas a los consumidores a través de sus presiones al gobierno -¿o no les parece “indicativo” que los presidentes Aznar y González sean consejeros de ambas empresas?-. El BCE quiere que incluso se permita la entrada de empresas no españolas. Naturalmente, a esto se opone la oligarquía político-financiera, en la que participan tanto el PP como el PSOE.
Ante la actuación del gobierno y la oposición, ante su defensa de sus intereses particulares sobre los nacionales, bienvenida sea la intervención de la UE. Y no sería nada bueno que, al igual que hicimos hace ahora 200 años (en 1812), volviésemos a apelar a un añejo orgullo patrio y defendiésemos como entonces los intereses de unos pocos por encima de la modernización de España. En mi caso, me sumo al cántico que entonaba en Bienvenido Míster Marshall el pueblo regido por Pepe Isbert: hombres de negro, os recibimos con alegría, hombres de negro, viva tu madre viva tu tía…
Ni el BCE ni el FMI ni la UE se fían del gobierno español, como tampoco se fiaron en su momento del gobierno Zapatero. Ojo, se fían de España pero no del gobierno. Son ya demasiadas las veces en que los sucesivos ejecutivos españoles han prometido reformas que luego no se han atrevido a poner en marcha. Por ello la posición de la UE es clara: os damos el dinero pero nosotros dirigimos la política económica y llevamos a cabo las reformas y liberalizaciones necesarias. Porque si analizamos detalladamente el último informe del BCE –y no se hace como El País cargando solo sobre la reforma laboral- se señalan dos exigencias fundamentales para “poner el dinero”: la necesidad de la reforma de las administraciones públicas y la introducción de competencia en sectores donde su falta provoca márgenes de beneficio injustificables.
Nueva matización: no sobran funcionarios y empleados públicos, lo que sobran son cargos públicos, asesores, correligionarios políticos, familiares y amigos. En definitiva, sobra clientelismo, ya que tanto el PP como el PSOE han convertido a los ayuntamientos, diputaciones, comunidades o el gobierno central en oficinas de colocación de su gente. Y eso es lo que la UE quiere reformar y a lo que, obviamente, se oponen los dos grandes partidos.
El segundo punto que ha destacado el informe del BCE es la necesidad de mejorar la competitividad a través de la introducción de competencia en sectores como los servicios o el energético. Este último es un caso de manual, ya que un duopolio –Unión Fenosa y Endesa- se distribuyen el mercado, imponiendo sus precios y sus políticas a los consumidores a través de sus presiones al gobierno -¿o no les parece “indicativo” que los presidentes Aznar y González sean consejeros de ambas empresas?-. El BCE quiere que incluso se permita la entrada de empresas no españolas. Naturalmente, a esto se opone la oligarquía político-financiera, en la que participan tanto el PP como el PSOE.
Ante la actuación del gobierno y la oposición, ante su defensa de sus intereses particulares sobre los nacionales, bienvenida sea la intervención de la UE. Y no sería nada bueno que, al igual que hicimos hace ahora 200 años (en 1812), volviésemos a apelar a un añejo orgullo patrio y defendiésemos como entonces los intereses de unos pocos por encima de la modernización de España. En mi caso, me sumo al cántico que entonaba en Bienvenido Míster Marshall el pueblo regido por Pepe Isbert: hombres de negro, os recibimos con alegría, hombres de negro, viva tu madre viva tu tía…
© José L. Calvo
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