La dación en pago. Cuestión de números

Hoy el Congreso debatía la iniciativa legislativa popular (ILP) que propone discutir la dación en pago como método de resolver las deudas hipotecarias de personas de buena fe a las que, por muy diversas razones pero fundamentalmente por haber perdido su medio de vida, les han desahuciado. La ILP ha recogido cerca de 1,5 millones de firmas, de las que me siento orgulloso de forma parte. A esta hora el Congreso ha aceptado su tramitación, con un cambio de orientación del voto del PP que pone sobre la mesa no su buena voluntad sino el reconocimiento de que es imposible seguir aislado completamente del sentir de la ciudadanía.
No voy a discutir la conveniencia de la medida para atajar un problema social –hoy se ha suicidado una pareja de jubilados desahuciada-, su justificación en la corresponsabilidad comprador/financiador, ni siquiera los argumentos que desde la banca se han dado de que la dación en pago pueda convertirse en un coladero –lo que presupone mala fe. Se cree el ladrón…- , simplemente quiero poner unos sencillos datos sobre la mesa.
Si como dicen los voceros populares “tan solo” se producen 2.500 desalojos anuales de personas que entrarían dentro de los criterios de la dación, el coste de esta medida es mínimo. Supongamos que el valor medio de la hipoteca de la familia que ejerce la opción de la dación es de 100.000€ y que el valor que va a recuperar el banco tras su venta es del 50%, entonces los 2.500 casos supondrían 125 millones de euros anuales. Coste que perfectamente podría asumir el estado, sobre todo si lo comparamos con los más de 60.000 millones que nos lleva costada la mala gestión de los consejeros –de todos los colores políticos e incluso de los sindicatos- de Bankia, la CAM, el Banco de Valencia…. Incluso puedo proponer un sistema rápido y sencillo para recaudar esa cantidad: que el ministro Montoro deje actuar libremente a los inspectores de Hacienda, que ya verán como descubren muchos Bárcenas y Urdangarines.
Después de meses de crisis, de semanas de corrupción, hoy es un día para celebrar. Enhorabuena a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

© José L. Calvo

El último bastión del socialismo real

Acabo de finalizar la lectura de la Espada de Damocles de Petros Márkaris, una recopilación de artículos publicados por el padre del comisario Jaritos sobre la situación de Grecia. En la gran mayoría de esos artículos tan solo es necesario sustituir donde dice Grecia por España para explicar la crisis económico-político-social que padecemos. Pero uno de ellos me ha causado un especial impacto, el que hace referencia a que Grecia es el último bastión del socialismo real. Pero ahí creo que se equivoca, ya que también a España puede aplicarse esa calificación.
Las cúpulas de los dos grandes partidos están actuando como auténticos Politburós de un partido comunista de la época del socialismo real. Veamos brevemente algunas de las similitudes:
* Actúan por encima de la ley. La ley son ellos, la definen, la cambian a su voluntad y, naturalmente, ellos no tienen por qué acatarla. Así, ellos no deben pagar impuestos, para eso tiene la caja B o la amnistía fiscal, sus amigos no deben ir a la cárcel –tienen el indulto-…
* Emplean la Administración para colocar a los adeptos. Como demuestra que el número de asesores –no funcionarios- no se ha reducido, o casos como el del barón del PP Baltar, el PER...
* Utilizan el dinero público para financiar sus gastos privados. El dinero que todos pagamos es empleado para trajes, comuniones, viajes privados, confeti… Y el que debería ser utilizado para pagar despidos es desviado a cuentas de amigos.
* Se identifican ellos con el Estado. Su interpretación es que quienes les atacan por su ineptitud y corrupción tienen como objetivo no la crítica a su gestión, sino el ataque a la democracia –incluso alguna vocera del PP ha llegado a calificarlo de golpe de estado. ¡Lo que se esconde en algunas universidades!-. No sería extraño que dentro de poco volviéramos a oír lo del contubernio judeomasónico.
* Finalmente, y por no extenderme, no responden de su actuación ante nadie más que ante el partido. El sistema de listas cerradas y las estructuras internas de los partidos están favoreciendo la aplicación del Principio de Peter. Y si no, no tienen más que ver las dos últimas personas que han dirigido el país. Los ciudadanos, que somos los que les ponemos ahí y pagamos su sueldo no podemos pedir explicaciones –incluso nos exigen identificarnos si nos manifestamos-.
El problema más grave, como señala también Márkaris, es que, además, les hemos encargado a ellos la salida de la crisis. Y, nuevamente, han actuado como el PC cubano: los sacrificios para la población, los beneficios –ensobrados- para la Nomenclatura.
Es hora de salir a la calle a exigir la revolución democrática y la eliminación del bipartidismo. Los muros de Génova y Ferraz deben caer.
© José L. Calvo

Corrupción, estadística y economía del comportamiento

Que España está sufriendo una crisis de corrupción es una obviedad. Con cerca de 600 políticos inmersos en procesos judiciales, con la gran mayoría de los partidos en juicios por financiación ilegal –PP, PSOE, CIU como mínimo, más la nunca explicada participación de IU, UGT y CC.OO. en el consejo de administración de Cajamadrid-, la conclusión es casi inmediata: la política española está corrupta. Y sin embargo, es posible que si lo analizamos más detalladamente, aplicando la estadística y la Economía del Comportamiento, el resultado no sea tan claro. Veamos cómo.
Supongamos que el 10 por ciento de las personas que se dedican a la política en nuestro país son corruptos –esto supone alrededor de 50.000, que en números absolutos son muchos-. Supongamos igualmente que la Justicia es muy capaz, y que de los políticos que son procesados el 85 por ciento lo son porque realmente son corruptos –es decir, solo son absueltos porque no han metido la mano en el dinero público o no se han dejado sobornar el 15 por ciento-. Pues bien, aplicando la teoría de la probabilidad condicionada, la probabilidad de que eligiendo un político al azar que está siendo procesado por corrupción sea realmente culpable es inferior al 40 por ciento.
Esto se explica por dos conceptos que se emplean en Economía del Comportamiento: el olvidarse de la base (base rate neglect), es decir, de no tener en cuenta que el 90 por ciento de los políticos son legales; y el denominado sesgo de confirmación, es decir, de que cada vez que surge un caso de corrupción, como damos por hecho que nuestra clase política tiene un problema de considerar que el dinero público es para que ellos se lo lleven, confirma lo que pensamos.
Lo aquí expuesto es estadísticamente impecable. No obstante, si cogemos una muestra de esa población de políticos españoles, digamos por ejemplo los dirigentes de uno de los principales partidos sobradamente conocido, en el que, por ser generosos, tan solo el 60 por ciento son sobrecogedores, entonces la probabilidad de que uno de ellos elegido al azar que está siendo procesado sea culpable es del 90 por ciento. Solo por aclarar.
© José L. Calvo