Que España está sufriendo una crisis de corrupción es una obviedad. Con cerca de 600 políticos inmersos en procesos judiciales, con la gran mayoría de los partidos en juicios por financiación ilegal –PP, PSOE, CIU como mínimo, más la nunca explicada participación de IU, UGT y CC.OO. en el consejo de administración de Cajamadrid-, la conclusión es casi inmediata: la política española está corrupta. Y sin embargo, es posible que si lo analizamos más detalladamente, aplicando la estadística y la Economía del Comportamiento, el resultado no sea tan claro. Veamos cómo.
Supongamos que el 10 por ciento de las personas que se dedican a la política en nuestro país son corruptos –esto supone alrededor de 50.000, que en números absolutos son muchos-. Supongamos igualmente que la Justicia es muy capaz, y que de los políticos que son procesados el 85 por ciento lo son porque realmente son corruptos –es decir, solo son absueltos porque no han metido la mano en el dinero público o no se han dejado sobornar el 15 por ciento-. Pues bien, aplicando la teoría de la probabilidad condicionada, la probabilidad de que eligiendo un político al azar que está siendo procesado por corrupción sea realmente culpable es inferior al 40 por ciento.
Esto se explica por dos conceptos que se emplean en Economía del Comportamiento: el olvidarse de la base (base rate neglect), es decir, de no tener en cuenta que el 90 por ciento de los políticos son legales; y el denominado sesgo de confirmación, es decir, de que cada vez que surge un caso de corrupción, como damos por hecho que nuestra clase política tiene un problema de considerar que el dinero público es para que ellos se lo lleven, confirma lo que pensamos.
Lo aquí expuesto es estadísticamente impecable. No obstante, si cogemos una muestra de esa población de políticos españoles, digamos por ejemplo los dirigentes de uno de los principales partidos sobradamente conocido, en el que, por ser generosos, tan solo el 60 por ciento son sobrecogedores, entonces la probabilidad de que uno de ellos elegido al azar que está siendo procesado sea culpable es del 90 por ciento. Solo por aclarar.
© José L. Calvo
Supongamos que el 10 por ciento de las personas que se dedican a la política en nuestro país son corruptos –esto supone alrededor de 50.000, que en números absolutos son muchos-. Supongamos igualmente que la Justicia es muy capaz, y que de los políticos que son procesados el 85 por ciento lo son porque realmente son corruptos –es decir, solo son absueltos porque no han metido la mano en el dinero público o no se han dejado sobornar el 15 por ciento-. Pues bien, aplicando la teoría de la probabilidad condicionada, la probabilidad de que eligiendo un político al azar que está siendo procesado por corrupción sea realmente culpable es inferior al 40 por ciento.
Esto se explica por dos conceptos que se emplean en Economía del Comportamiento: el olvidarse de la base (base rate neglect), es decir, de no tener en cuenta que el 90 por ciento de los políticos son legales; y el denominado sesgo de confirmación, es decir, de que cada vez que surge un caso de corrupción, como damos por hecho que nuestra clase política tiene un problema de considerar que el dinero público es para que ellos se lo lleven, confirma lo que pensamos.
Lo aquí expuesto es estadísticamente impecable. No obstante, si cogemos una muestra de esa población de políticos españoles, digamos por ejemplo los dirigentes de uno de los principales partidos sobradamente conocido, en el que, por ser generosos, tan solo el 60 por ciento son sobrecogedores, entonces la probabilidad de que uno de ellos elegido al azar que está siendo procesado sea culpable es del 90 por ciento. Solo por aclarar.
© José L. Calvo
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