Este verano ha
salido publicado el libro de Samuel Bowles The Moral Economy. Why Good Incentives Are No Substitute for Good Citizens que,
como de su propio título se puede derivar, discute si los incentivos económicos
afectan a las preferencias sociales de los individuos. De hecho, uno de sus argumentos
es que la introducción de incentivos económicos produce un efecto crowding-out
moral.
Esto va a en
contra de lo que predice la Teoría Económica ortodoxa, que considera
los incentivos y las preferencias sociales como separables y aditivos,
de forma que la introducción de un incentivo no solo no afecta negativamente a
las normas morales que rigen nuestro comportamiento como miembros de la
sociedad, sino que se suman a ellas para generar un efecto positivo conjunto.
Pero eso no es
lo que observamos en la realidad. Un ejemplo muy utilizado nos servirá para
explicar cómo funciona el crowding-out
moral de Bowles. U. Gneezy y A.
Rustichini (2000) realizaron un estudio en una guardería de Haifa (Israel).
Las autoridades observaron que algunos padres llegaban tarde a recoger a sus
hijos, con el perjuicio que ello causaba a sus cuidadores. Para evitarlo
decidieron introducir una multa del equivalente a $3 por niño cada vez que
llegasen más de diez minutos tarde. Lo que la Teoría Económica establece es que
los padres reaccionarían ante la multa y, como es algo costoso, dejarían de
llegar tarde.
Pero el
resultado fue justamente lo contrario. Los padres no solo no dejaron de llegar
tarde, sino que en poco tiempo se había doblado el número de padres que se
retrasaban, y no descendió ni siquiera cuando la multa fue retirada. La explicación:
se había puesto un coste de oportunidad a la
tardanza, y los padres estaban dispuestos a pagarlo. Así, una norma
social como la de respetar el tiempo de los demás y no hacerlos cargar con
nuestras responsabilidades había sido abolida, para muchos padres, al fijarle
un precio.
La sugerencia de
Bowles es que el “policy maker” debe tener en cuenta no sólo la cuantía de los
incentivos/multas que introduce, sino los efectos morales que produce sobre la
sociedad. Así, es lógico que la Agencia Tributaria introduzca sanciones
para los defraudadores, pero si estas no son lo suficientemente elevadas y,
sobre todo, si no tienen un componente moral ejemplificador, es muy probable
que no surtan los efectos deseados.
Lo que se puede
traducir a España. Cuando el dinero público -de los contribuyentes, de todos
los que pagamos impuestos- es utilizado por los políticos y sus adláteres como
propio, cuando las multas y penas de cárcel no solo no son ejemplificantes sino
que parece que se burlan de la sociedad, cuando nunca devuelven lo robado aún
con una sentencia firme y con los activos suficientes, cuando vemos a los “Sres”
Blesa, Rato… o a la senadora Barberá comportarse con una soberbia
inconmensurable y tratando de hacernos creer que lo que tienen es su derecho ¿Qué más
dan las sanciones si lo que falta son las normas morales? ¿quién va a convencer
a los españoles de que lo correcto es pagar a Hacienda si vemos cómo nuestros prohombres
-y promujeres- no solo no lo hacen, sino que se jactan de ello?
La regeneración
moral debe ser el primer paso. Después los incentivos. ¡Qué gran oportunidad
perdida por los personalismos de la izquierda!
© José L. Calvo
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