El futuro de las pensiones II. Una propuesta

En el anterior post establecimos dos principios sobre los que se asienta el sistema de pensiones español: contributivo y bien público, al no ser excluyente pero sí ser rival. Y dejé en el aire dos preguntas a las que trataré de responder en este: ¿tiene lógica que perciban una pensión pública personas cuyo patrimonio es lo suficientemente elevado como para poder garantizarse una subsistencia digna tras su jubilación? Y, en segundo lugar, ¿cómo debería ser la relación entre el patrimonio individual y la pensión pública?

Vayamos con la primera que tiene mucho que ver con ese carácter de bien público que definimos y con el hecho de que la Economía consiste en administrar bienes escasos. Si es un bien rival y el que unos disfruten de una pensión supone que otros -especialmente en el futuro- no puedan cobrarla, no parece lógico que en la actualidad todos y cada uno de los españoles tengan derecho a una pensión a cambio de que los futuros pensionistas deban ver reducida o desaparecida la suya. O ¿a alguien le parecería sensato dejar que utilicen los pastos comunes pastores con parcelas propias cuando, además, hay muchos que sólo pueden hacer uso de la pradera de todos? Pero ¿a quién debería el estado privar de su disfrute? La equidad nos indica que los primeros en perder la pensión deberían ser aquellos que tienen recursos económicos propios suficientes para llevar una jubilación digna.

Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que una persona llega a su jubilación con un patrimonio de 1.500.000€ y que su esperanza de vida es de 20 años. ¿Tiene sentido otorgarle una pensión pública a esa persona que, con sus propios recursos, tiene 75.000€ anuales (más de 6.000€ mensuales) para su mantenimiento? Por lo tanto, mi primera propuesta es sencilla: establecer un límite máximo de patrimonio a partir del cual se cesa en el derecho a percibir una pensión pública. Dicho límite no debería superar los 1,5 millones de euros. -Se podría argumentar que esto es un impuesto sobre la riqueza, y lo es. A grandes males grandes remedios, más aún cuando la desigualdad ha crecido tanto en nuestro país-. Esto afectaría a un porcentaje pequeño de la población.

La segunda cuestión es mucho más complicada, ya que se trata de ligar el patrimonio a la pensión. En todas las propuestas de modificación del sistema de pensiones que he conocido, en ninguna se relaciona la pensión con la capacidad adquisitiva/patrimonio del pensionista. No hacerlo plantea dos problemas: primero, que estaría bien si los recursos no fueran escasos, es decir, si hubiese ingresos para todos, algo que como hemos visto no es cierto; y en segundo lugar, el estado a través del sistema de pensiones financia las herencias. La gente demanda una pensión digna para vivir, pero en ningún momento la liga con sus recursos propios. Es una absoluta falta de solidaridad de las generaciones mayores, las que perciben pensión, con las más jóvenes, las que se la pagan pero no la recibirán de seguir el sistema así.

Mi propuesta, expresada de forma sencilla porque supone un proceso de cálculo mucho más elaborado de lo que se puede incluir en un post, es la siguiente: establecer una relación negativa entre el patrimonio del jubilado/a y la pensión máxima que cobra. Para ello hay que hacer varias cosas: capitalizar su patrimonio al tiempo en que se jubila; hacer líquido ese patrimonio, probablemente a través del estado y establecer unos mínimo y máximos de pensión pública.

Veámoslo nuevamente con un ejemplo. Supongamos que cuando llego a la edad de jubilación tengo un patrimonio de 500.000€ y una esperanza de vida de 20 años. Eso supone que tengo la posibilidad de unos ingresos brutos mensuales de unos 2000€. El Estado, a través de un sistema similar al de la hipoteca inversa, podría capitalizar mi patrimonio y darme 1.500€/mes además de la pensión pública. La suma de la pensión pública directa más la obtenida por el Estado a través de la capitalización del patrimonio no podría superar un cierto límite, por ejemplo los 3.000€/mensuales brutos. En mi caso, que he contribuido para obtener la pensión máxima, supone un ahorro público de alrededor de 500€/mes, obteniendo yo una pensión que es 1.000€ superior a la máxima. A la hora de mi muerte los herederos tienen dos opciones: o devolver al Estado el dinero que ha gastado en mí, más los intereses correspondientes; o no ejercer la opción de rescate y permitir que todos mis bienes pasen a ser propiedad estatal.

Una opción alternativa sería un impuesto prácticamente confiscatorio a las herencias. Y que conste que esta propuesta no es ni nueva ni mía, sino de John Stuart Mill en sus Principios de Economía Política, el adalid de los liberales que nunca le han leído.

Situaciones desesperadas requieren medidas audaces. Y si queremos un sistema realmente social deberemos luchar por un reparto equitativo de la riqueza. Pero me parece que ni siquiera el partido del joven del pisito, la black de papá y los tres puestos está muy por la labor.

© José L. Calvo, 2016